España de todos, España de nadie

Hoy, 12 de octubre, me parece un buen día para estas líneas en tanto que es el Día Nacional en España y porque el actual clima político invita precisamente a una reflexión sincera y meditada de lo que debe ser nuestro país en los próximos tiempos.

El pasado día 27 de septiembre en Cataluña hubo elecciones autonómicas -las terceras en apenas cinco años- y pese al frenazo de las posiciones independentistas es palpable que una parte de la sociedad catalana apuesta por esa separación de su territorio respecto del conjunto del Estado.

No pretendo que esta entrada sea un análisis de las elecciones catalanas ni mucho menos pero si que la situación política debe invitar a la reflexión de que España queremos para el futuro, como la queremos y de que manera pretendemos legislarla.

Bajo mi punto de vista el actual marco constitucional derivado de los artículos 148, 149 y 150 esta más que viciado por los sucesivos gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, que en la necesidad de disponer de mayorías para gobernar han ido cediendo incluso más allá de los límites establecidos competencias a las Comunidades Autónomas, sobre manera a aquellos territorios que contaban con representantes en las Cortes Generales de partidos denominados nacionalistas como CiU o el PNV.

Esa ruptura de la igualdad no solo es culpa de los nacionalistas periféricos sino que otros partidos y en especial el Partido Popular allí donde gobernaron usaron su capacidad legislativa en los teritorios autonómicos para marcar diferencias respecto a otros especialmente en lo que se refiere a los impuestos. Sin olvidar, el inmovilismo de la derecha española a modificar la Constitución, la cual en su momento votaron de forma negativa.

Tales diferencias nos llevan a plantearnos si realmente el marco actual de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) es el idóneo y si la posición actual es sostenible en el tiempo. En mi opinión personal claramente la situación merece una reforma drástica que nos permita a todos como país y a cada uno de los territorios marcar unas pautas de igualdad y a su vez de diferencia que permita una mayor cohesión entre los distintos territorios que conforman España.

Partiendo de lo señalado en el párrafo anterior y como un aprendizaje de lo acontecido en esta última década considero necesaria una reforma constitucional que permita ir hacia un marco estatutario o federal que marque claramente las competencias de cada CCAA y las del Estado pero a su vez permita ser lo suficientemente flexible para que el Estado no anule la capacidad legislativa autonómica pero tambíen que las CCAA no se confundan esa libertad con el libertinaje.

Creo que desde el Estado central deben marcarse unos mínimos innegociables en cuanto a los servicios sociales que permitan la recuperación del Estado del Bienestar y que sea desde el Gobierno central donde se garantice tal recuperación en Educación, Sanidad, Dependencia y Servicios sociales.

Con estos servicios garantizados y con igualdad en todo el territorio nacional debe establecerse una libertad para que cada territorio pueda regular determinadas mejoras en función de su población, distribución de la misma, etc. Digamos que debe competer a las CCAA la regulación administrativa de esos servicios básicos ya que nadie mejor que los gobiernos más próximos al territorio para conocer las necesidades reales de cada autonomía.

En el plano económico es evidente que el Estado debe marcar unas líneas básicas pero a su vez las CCAA deben también priorizar dentro de los sectores productivos los que mejor convengan a su territorio ya que Asturias, por ejemplo, es una región donde el sector agrícola y el industrial predominan precisa de unas medidas que no serian necesarias allí donde el turismo es el motor económico.

Lo mismo sucede en el marco impositivo que debe ser competencia repartida entre el Estado y las CCA pero siempre bajo un marco común que evite las desigualdades entre territorios y que la presión fiscal fluctue en exceso entre los territorios pero todo con vistas una distribución de la riqueza que es la finalidad de los impuestos.

Para ir cerrando, queda claro que España necesita un nuevo marco legislativo y organizativo del Estado y de las CCAA, que regule incluso la posibilidad de la independencia de territorios si estos así lo decidieran pero que en absoluto debe ser un corse en manos de intereses de unos pocos porque España es de todos, de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que gozamos de tal nacionalidad pero a su vez España no pertenece a nadie y nadie debe tener la capacidad de imponer sin consenso ninguna normativa ni siquiera la pertenencia al propio Estado a quien no lo desee.

Doctrina Parot: aciertos y errores

¿Le gustaria a usted o que un familiar suyo pase más tiempo en prisión del que le corresponde por una decisión política que vulnera las leyes fundamentales del Estado? Es ésta y no otra la pregunta que debemos hacernos para razonar la sentencia sobre la doctrina Parot.

El Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado y condenado a nuestro país por vulnerar los Derechos Humanos (DDHH). Esto que podría sonar a película esperpentica resulta que es real y viene de pretender legislar y enjuiciar al calor de las corrientes de opinión y los intereses partidistas de los políticos.

Para ponernos en antecedentes. La llamada "Doctrina Parot", que es lo que el Trinal de DDHH ha declarado nula (en un caso, pero sentando precedente), no es más que una manera de computar los beneficios penitenciarios sobre el total de la pena y no sobre los años máximos de prisión, lo que suponía que personas condenadas a cientos de años de cárcel no salieran de prisión hasta que no hubiesen cumplido esos veinte años, no como se hacía antaño cuando se aplicaban los beneficios penitenciarios -en vigor en el momento de condena en las leyes penitenciarias y de enjuiciamiento criminal- sobre esos 20 años que como máximo debían pasar en la cárcel. El problema jurídico se presenta cuando el Tribunal Supremo en un alarde de prepotencia y excediendo claramente sus competencias modificaba el criterio para cuantificar el beneficio de las penas, que en este caso es claramente perjudicial para los presos.

Es a partir de entonces cuando los fiscales instan a los jueces a modificar las condenas de muchos presos, especialmente los condenados por terrorismo, todo ello al calor de la demagogia que emanaba de la televisión y de determinados círculos periodísticos y políticos que en absoluto admitían las argumentaciones legales que unos pocos esgrimian para señalar la atrocidad que eso suponía y que tarde o temprano nos encontraríamos con esta sentencia.

La Constitución Española en su artículo 9 señala el principio de irretroactividad de las leyes, es decir, que las leyes y demás normas del Estado, las CCAA, etc. no pueden ser aplicadas hacia el pasado. Poniendo un ejemplo, cuando una ley entra en vigor, por regla general regula sus materias desde el día de entrada en vigor hacia el futuro, nunca lo que se reguló con la ley anterior será modificado. Todo esto conlleva una excepción y es que en determinados casos si esa modificación legal conlleva un importante beneficio para la sociedad puede ser retroactiva pero siempre que beneficie, jamás si perjudica.

La "Doctrina Parot" claramente es lesiva para los condenados ya que en el momento de ser sentenciados existia una norma, con la que podemos estar o no de acuerdo, pero es la que es y como en todo Estado de Derecho que se precie debemos respetar. De hecho, muchos condenados ya deberían haber cumplido su pena hace años y en cambio han seguido en la cárcel al amparo de una decisión sin precedentes y claramente política.

Desgraciadamente, decir que esto era lo esperado, que no queda otro remedio que reparar el daño causado a quienes han seguido en prisión, se nos tachará de Proetarras, de no estar con las víctimas, etc. NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD. Simplemente hay que poner el foco en el error y no en la demagogia ideológica. Esta sentencia viene de saltarse la Constitución a la torera, esa misma Constitución que para otras cosas algunos abrazan hasta en sus sueños más profundos.

Tal vez es hora de que en España empecemos a llamar a cada cosa por su nombre, a dejarnos de legislar al calor de impulsos a golpe de "prime time" televisivo y nos centremos en ser un país serio, tal vez así en el concierto internacional seamos tomados en serio.

Esta sentencia no es culpa de ningún gobierno, ni de ningún iluminado, es culpa de creernos por encima de nuestras propias normas y querer saltar por encima de ellas cuando es menester. Lamentablemente veremos titulares apocalípticos sobre el tema, pero aquellos condenados a los que se les aplicó esta doctrina están en su derecho de salir a la calle porque por aquello que fueron condenados a penas de prisión ya las han cumplido.

Por último, indicar que esta sentencia en ningún caso es un ataque a las víctimas ya que para ello ya hubo unos juicios y unas condenas.