España de todos, España de nadie

Hoy, 12 de octubre, me parece un buen día para estas líneas en tanto que es el Día Nacional en España y porque el actual clima político invita precisamente a una reflexión sincera y meditada de lo que debe ser nuestro país en los próximos tiempos.

El pasado día 27 de septiembre en Cataluña hubo elecciones autonómicas -las terceras en apenas cinco años- y pese al frenazo de las posiciones independentistas es palpable que una parte de la sociedad catalana apuesta por esa separación de su territorio respecto del conjunto del Estado.

No pretendo que esta entrada sea un análisis de las elecciones catalanas ni mucho menos pero si que la situación política debe invitar a la reflexión de que España queremos para el futuro, como la queremos y de que manera pretendemos legislarla.

Bajo mi punto de vista el actual marco constitucional derivado de los artículos 148, 149 y 150 esta más que viciado por los sucesivos gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, que en la necesidad de disponer de mayorías para gobernar han ido cediendo incluso más allá de los límites establecidos competencias a las Comunidades Autónomas, sobre manera a aquellos territorios que contaban con representantes en las Cortes Generales de partidos denominados nacionalistas como CiU o el PNV.

Esa ruptura de la igualdad no solo es culpa de los nacionalistas periféricos sino que otros partidos y en especial el Partido Popular allí donde gobernaron usaron su capacidad legislativa en los teritorios autonómicos para marcar diferencias respecto a otros especialmente en lo que se refiere a los impuestos. Sin olvidar, el inmovilismo de la derecha española a modificar la Constitución, la cual en su momento votaron de forma negativa.

Tales diferencias nos llevan a plantearnos si realmente el marco actual de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) es el idóneo y si la posición actual es sostenible en el tiempo. En mi opinión personal claramente la situación merece una reforma drástica que nos permita a todos como país y a cada uno de los territorios marcar unas pautas de igualdad y a su vez de diferencia que permita una mayor cohesión entre los distintos territorios que conforman España.

Partiendo de lo señalado en el párrafo anterior y como un aprendizaje de lo acontecido en esta última década considero necesaria una reforma constitucional que permita ir hacia un marco estatutario o federal que marque claramente las competencias de cada CCAA y las del Estado pero a su vez permita ser lo suficientemente flexible para que el Estado no anule la capacidad legislativa autonómica pero tambíen que las CCAA no se confundan esa libertad con el libertinaje.

Creo que desde el Estado central deben marcarse unos mínimos innegociables en cuanto a los servicios sociales que permitan la recuperación del Estado del Bienestar y que sea desde el Gobierno central donde se garantice tal recuperación en Educación, Sanidad, Dependencia y Servicios sociales.

Con estos servicios garantizados y con igualdad en todo el territorio nacional debe establecerse una libertad para que cada territorio pueda regular determinadas mejoras en función de su población, distribución de la misma, etc. Digamos que debe competer a las CCAA la regulación administrativa de esos servicios básicos ya que nadie mejor que los gobiernos más próximos al territorio para conocer las necesidades reales de cada autonomía.

En el plano económico es evidente que el Estado debe marcar unas líneas básicas pero a su vez las CCAA deben también priorizar dentro de los sectores productivos los que mejor convengan a su territorio ya que Asturias, por ejemplo, es una región donde el sector agrícola y el industrial predominan precisa de unas medidas que no serian necesarias allí donde el turismo es el motor económico.

Lo mismo sucede en el marco impositivo que debe ser competencia repartida entre el Estado y las CCA pero siempre bajo un marco común que evite las desigualdades entre territorios y que la presión fiscal fluctue en exceso entre los territorios pero todo con vistas una distribución de la riqueza que es la finalidad de los impuestos.

Para ir cerrando, queda claro que España necesita un nuevo marco legislativo y organizativo del Estado y de las CCAA, que regule incluso la posibilidad de la independencia de territorios si estos así lo decidieran pero que en absoluto debe ser un corse en manos de intereses de unos pocos porque España es de todos, de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que gozamos de tal nacionalidad pero a su vez España no pertenece a nadie y nadie debe tener la capacidad de imponer sin consenso ninguna normativa ni siquiera la pertenencia al propio Estado a quien no lo desee.

La reforma de la Constitución y la Reforma del Estado

Hace pocos días en un Pleno Extraordinario en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba que había alcanzado un acuerdo con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, un acuerdo para reformar la Constitución Española con el fin de que en su Título VII incluya una referencia al limite de gasto por parte de todas las Administraciones Públicas.

Esta reforma no es más que el cumplimiento de acuerdos adoptados en la Unión europea a instancias del Gobierno alemán, mal dirigido por Ángela Merkel, y digo mal dirigido porque aun cuando en España nos intentan colar las magnificas cifras económicas alemanas aun en plena crisis resulta que el gobierno alemán se encuentra sumido en una desconfianza total en el país germano y la propia Canciller es denostada desde las filas de su partido (CDU) incluso por personajes tan relevantes como Helmut Kohl lo que deja entrever que algo no están haciendo bien allí. No quiero decir que en España se estén haciendo las cosas bien, que no es el caso.

Lo triste de todo esto es que en España se cuenta con Leyes Orgánicas que ya fijan el límite de gasto de las Administraciones Públicas, datan del año 2001, que posteriormente modificó el actual ejecutivo, pues bien, es más que probable que si el Estado hubiese ejercido las medidas de control efectivas que en la Ley se encuentran la situación de impagos que afrontan las Administraciones Públicas no se estuviese dando o si se daba fuese en un menor grado, pero visto lo visto y la pésima clase política española nos hemos visto abocados a la situación actual.

Resulta triste que algo tan coherente como no gastar lo que uno no tiene, tenga que figurar en la norma suprema del Ordenamiento Jurídico Español, que debería de estar para sentar las bases de Estado y derivar en las Leyes Orgánicas y Ordinarias la efectiva regulación del Estado y sus Administraciones Públicas. Como señalaba en el párrafo anterior España ya cuenta con una Ley que regula lo que se pueden gastar las Administraciones, inicialmente el déficit debía ser “0”, era conocida como la Ley del Déficit Cero, tras la llegada de Zapatero se modificó permitiendo que el gasto fuese mayor y aquí vino la hecatombe, entonces en vez de ejercer las medidas de control con que cuenta la Ley, vamos y lo ponemos en la Constitución, como si así se fuese a cumplir.

España necesita reformas, y reformas estructurales importantísimas que requieren de un amplio consenso político y social, que deben de partir de un entendimiento entre PSOE y PP; entre Gobierno, empresarios y sindicatos; Gobierno central, Comunidades Autónomas y Entidades locales, etc.

España necesita revisarse así misma, partiendo de un mejor reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, y entre éstas y los Ayuntamientos y Diputaciones. Una estructura Administrativa eficiente, que dote a todos los ciudadanos residentes en España de los mismos servicios allá donde vivan, que permita evitar duplicidad de servicios, un eficaz reparto de los servicios y ante todo actualizarse al s.XXI y dejar de ser un país anclado en viejas rencillas del “conmigo o contra mi”.

España es un país plural, donde convergen distintas ideologías, distintas formas de ver un país pero apuesto y seguro que no pierdo a que si entre todos aúnan sus esfuerzos tendríamos una España mejor, más plural, más igual, más moderna.

Es hora de unos nuevos políticos, de dejar atrás rencillas y pensar que todo lo que se logró en 30 años de democracia se puede perder por la ineficacia de la clase política actual, España no se arregla con un voto en listas abiertas o cerradas, con una República o una Monarquía. Hay que ir más allá para poder plantearnos reformas de este calado.

España se arregla con una clase política dedicada a lo que tiene que dedicarse, a trabajar para todos, a dotar al país, a la CCAA, al Municipio de los servicios esenciales para los ciudadanos y que estos vean que los impuestos que pagan sirven para algo y no para que algunos usen su posición de privilegio para su beneficio personal o la de quienes les rodean.

España necesita reformas, reformas de verdad, mecanismos de control eficaces y sobretodo creer en si misma y en sus posibilidades, que no somos inferiores a ningún país europeo pero tenemos que sentar las bases para lograrlo, confiando en nuestros empresarios y en nuestros trabajadores.

Porque hoy por hoy no podemos confiar en nuestros políticos.