España de todos, España de nadie

Hoy, 12 de octubre, me parece un buen día para estas líneas en tanto que es el Día Nacional en España y porque el actual clima político invita precisamente a una reflexión sincera y meditada de lo que debe ser nuestro país en los próximos tiempos.

El pasado día 27 de septiembre en Cataluña hubo elecciones autonómicas -las terceras en apenas cinco años- y pese al frenazo de las posiciones independentistas es palpable que una parte de la sociedad catalana apuesta por esa separación de su territorio respecto del conjunto del Estado.

No pretendo que esta entrada sea un análisis de las elecciones catalanas ni mucho menos pero si que la situación política debe invitar a la reflexión de que España queremos para el futuro, como la queremos y de que manera pretendemos legislarla.

Bajo mi punto de vista el actual marco constitucional derivado de los artículos 148, 149 y 150 esta más que viciado por los sucesivos gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, que en la necesidad de disponer de mayorías para gobernar han ido cediendo incluso más allá de los límites establecidos competencias a las Comunidades Autónomas, sobre manera a aquellos territorios que contaban con representantes en las Cortes Generales de partidos denominados nacionalistas como CiU o el PNV.

Esa ruptura de la igualdad no solo es culpa de los nacionalistas periféricos sino que otros partidos y en especial el Partido Popular allí donde gobernaron usaron su capacidad legislativa en los teritorios autonómicos para marcar diferencias respecto a otros especialmente en lo que se refiere a los impuestos. Sin olvidar, el inmovilismo de la derecha española a modificar la Constitución, la cual en su momento votaron de forma negativa.

Tales diferencias nos llevan a plantearnos si realmente el marco actual de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) es el idóneo y si la posición actual es sostenible en el tiempo. En mi opinión personal claramente la situación merece una reforma drástica que nos permita a todos como país y a cada uno de los territorios marcar unas pautas de igualdad y a su vez de diferencia que permita una mayor cohesión entre los distintos territorios que conforman España.

Partiendo de lo señalado en el párrafo anterior y como un aprendizaje de lo acontecido en esta última década considero necesaria una reforma constitucional que permita ir hacia un marco estatutario o federal que marque claramente las competencias de cada CCAA y las del Estado pero a su vez permita ser lo suficientemente flexible para que el Estado no anule la capacidad legislativa autonómica pero tambíen que las CCAA no se confundan esa libertad con el libertinaje.

Creo que desde el Estado central deben marcarse unos mínimos innegociables en cuanto a los servicios sociales que permitan la recuperación del Estado del Bienestar y que sea desde el Gobierno central donde se garantice tal recuperación en Educación, Sanidad, Dependencia y Servicios sociales.

Con estos servicios garantizados y con igualdad en todo el territorio nacional debe establecerse una libertad para que cada territorio pueda regular determinadas mejoras en función de su población, distribución de la misma, etc. Digamos que debe competer a las CCAA la regulación administrativa de esos servicios básicos ya que nadie mejor que los gobiernos más próximos al territorio para conocer las necesidades reales de cada autonomía.

En el plano económico es evidente que el Estado debe marcar unas líneas básicas pero a su vez las CCAA deben también priorizar dentro de los sectores productivos los que mejor convengan a su territorio ya que Asturias, por ejemplo, es una región donde el sector agrícola y el industrial predominan precisa de unas medidas que no serian necesarias allí donde el turismo es el motor económico.

Lo mismo sucede en el marco impositivo que debe ser competencia repartida entre el Estado y las CCA pero siempre bajo un marco común que evite las desigualdades entre territorios y que la presión fiscal fluctue en exceso entre los territorios pero todo con vistas una distribución de la riqueza que es la finalidad de los impuestos.

Para ir cerrando, queda claro que España necesita un nuevo marco legislativo y organizativo del Estado y de las CCAA, que regule incluso la posibilidad de la independencia de territorios si estos así lo decidieran pero que en absoluto debe ser un corse en manos de intereses de unos pocos porque España es de todos, de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que gozamos de tal nacionalidad pero a su vez España no pertenece a nadie y nadie debe tener la capacidad de imponer sin consenso ninguna normativa ni siquiera la pertenencia al propio Estado a quien no lo desee.

Crisis vs Estado de bienestar

Ayer en un encuentro con blogueros durante la Conferencia política de la FSA-PSOE, Javier Fernández que es el candidato del PSOE a la Presidencia del Principado de Asturias, nos formuló la siguiente cuestión... ¿Es el Estado del bienestar uno de los causantes de la crisis o por el contrario la crisis intenta cargarse al Estado del Bienestar?

Tras dejar pasar varias horas me parece oportuno dedicar una entrada de este blog a exponer mi opnión respecto a la pregunta formulada por el candidato.

En primer lugar deberiamos afrontar una definición de lo que se debe entender por el Estado del Bienestar.... Éste no deja de ser el conjunto de servicios sufragados por la recaudación de impuestos con el objeto de proveer a los ciudadanos de un Estado de una mejor calidad de vida. En España son pilares básicos del Sistema de Bienestar: la sanidad, la educación, el Servicio de Empleo y los subsidios de desempleo, las pensiones y la atención a las personas dependientes. Todos éstos servicios son de caracter gratuito y se sufragan con las aportaciones de las distintas administraciones públicas ya sean estatales, autonómicas o locales.

Con la llegada de la crisis y ante la necesidad de reforzar el sistema financiero global los gobiernos centrales de todo el mundo se vieron forzados a aportar ingentes cantidades de dinero para su reflote lo que derivó en suprimir determinadas partidas que previamente estaban destinadas a otros fines, en especial en los anteriormente mencionados.

En nuestro país, una vez superada la crisis de los años 90 y afrontada la reconversión minera e industrial, que en Asturias causó un gran impacto, vivimos una época de bonanza económica sin precedentes llegando a situarnos en la octava potencia mundial, algo que a la postre resultó efímero con la crisis global que aún padecemos.

Desde el año 1996 hasta este año, los diversos gobiernos nacionales ante la buena marcha de la economía recurrieron a aliviar las cargas impositivas de los ciudadanos algo que favoreció ferozmente nuestro crecimiento económico, pero lo que era una aparente reducción de los impuestos a través de suprimir algunos impuestos especiales y modificar los tramos del IRPF se fue traduciendo en una mayor presión fiscal para las clases menos acaudaladas, que se agravó con la entrada en vigor de la moneda común europea (el Euro) con una inflación de los precios que el gobierno del PP de entonces trató de minimizar modificando el sistema de medición de la inflación.

Esa política de supresión de impuestos la siguió el actual gobierno socialista llegando a extremos asombrosos que con la perspectiva de los años demuestran que se gobierna al día y no tanto con miras al futuro. Como ejemplo, la supresión del Impuesto de Patrimonio en 2008 privó al Estado de ingresar 1600 milllones de Euros... con esa cantidad se habría pagado este año (2 años después y en plena crisis) la partida presupuestaria destinada a la atención a dependientes SIN HACER RECORTE ALGUNO EN LOS SERVICIOS.

Son ese tipo de medidas las que nos llevan a plantearnos hacia donde vamos con el Estado del Bienestar... para los socialistas debe ser algo que debemos defender a muerte, algo que debe ser nuestra seña de identidad y que no debemos dejar que desaparezca únicamente porque los sectores conservadores quieran rebajarlo para salvar el culo al sector económico cuyos errores nos llevaron a la crisis.

Lo que, a mi juicio precisa, el Estado de Bienestar es una revisión en su concepto y una baremación progresiva en su aplicación, lo que no puede ser es que un parado de larga duración tenga que abonar sus medicinas y tengamos en España personas con jubilaciones altísimas que acceden a las medicinas de forma gratuita, situaciones así son las que se deben corregir para aliviar a las arcas públicas de gastos innecesarios y dotar al Estado de unos servicios públicos de calidad.

También hay que aleccionar a la población para hacer un uso eficiente de los servicios públicos con el fin de acabar con los abusos de visitas innecesarias a los médicos o un gasto farmacéutico elevado.

Muchas son las tareas que a la izquierda le quedan para poder salir de la crisis, pero creo que estamos en el mejor momento para mejorar nuestro Estado de Bienestar y dotarlo de mayor calidad sin por ello llegar a medidas como el aumento del IVA que daña el consumo, la solución a mi juicio pasa sin lugar a dudas por modificar la regulación de los impuestos directos sobre las rentas y que quienes más ganen sean quienes más aporten lo que aliviaría la presión fiscal de las clases medias y bajas españolas, que son de las que mayor presión fiscal tienen de la Unión Europea.