España en su Constitución, norma suprema del Estado y superior jerárquica al resto del Ordenamiento Jurídico, se manifiesta como un Estado aconfesional o lo que es lo mismo, como un país que no profesa de modo oficial religión alguna.
Cierto es que desde hace muchísimos siglos la influencia del Cristianismo y posteriormente del Catolicismo ha marcado las raíces culturales de nuestro país como así lo han hecho en el resto del mundo éstas u otras religiones.
La Humanidad desde tiempos inmemoriales ha buscado un fundamento para su existencia aquí en la Tierra, lo ha hecho de infinitas formas pero sin duda la que más ha calado es la de la fe en una Deidad, a quien unos llaman Dios, otros Alá y así un largo etcétera.
En muchos países las confesiones religiosas tienen una influencia cultural pero no pasan esa raya, no entran en nada más, pero en otros muchos si han ido más allá llegando incluso a tener una participación e influencia notable en las decisiones políticas. Los países musulmanes son un claro ejemplo de ello pero también lo son el Reino Unido con su Anglicanismo o Italia y España con la influencia que la Iglesia Católica tiene en la vida pública de estos países.
En España, para ceñirnos a lo que vivimos día a día, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal ejerce un poder y una influencia sin igual en la vida política diaria, marcando incluso los tiempos de lo que es o no políticamente correcto, entrando a valorar decisiones políticas de un modo irreverente y en algunos casos pretendiendo erigirse como el cuarto poder del Estado y hasta con capacidad de veto, recordemos las críticas durísimas a la Ley del Matrimonio Homosexual o a la última reforma de la Ley del Aborto… tachando a estas leyes de inconstitucionales, pero lo que no dicen, ni dirán nunca es que el Concordato que marca las relaciones entre España y el Vaticano es inconstitucional ya que no ha sido validado como Tratado internacional tal y como rige la Constitución precisamente porque es contrario a ésta pues invoca una predominancia de la fe católica sobre el resto y también que el Estado asume determinados preceptos como propios algo que iría en contra de la libertad religiosa.
Estos días en España se están celebrando las Jornadas Mundiales de la Juventud (Católica) habría que añadir que ni toda la juventud española esta representada en esto, ni siquiera la mundial. Nombres al margen resulta sorprendente la cantidad de gasto de dinero público para darle seguimiento y cobertura al evento, que sin restarle la menor importancia ni magnitud, no deja de ser una actividad promovida por una entidad privada como es la Iglesia Católica, que además cuenta con sus propios medios de comunicación para la difusión de su mensaje.
Va siendo hora de que en este país se empiecen a dejar atrás una serie de actitudes que en nada nos benefician pero que no dejan de ser respuesta a lo que en su día fuimos y por parte de algunos pretenden que sigamos siendo. Resulta chocante que se nos venda que todo el “circo” cuesta sólo 50 millones de Euros y que todo este dinero entra a través de patrocinios y de aportaciones de los voluntarios.
Nada más lejos de la realidad, todos los participantes de las JMJC (C de católica) cuentan con una serie de ventajas sobre los demás jóvenes madrileños bastante discriminatorias como acceso a museos, transporte, etc. a precios irrisorios e incluso gratuitamente, cuando el resto tiene que pagar el coste normal incluyendo el “tarifazo” del Metro madrileño con subida del 50% del billete. Además del alojamiento en instituciones públicas con lo que conlleva en gastos de luz, agua, etc. La manutención se sufraga a establecimientos colaboradores a través de exenciones fiscales con lo que las arcas públicas dejarán de percibir dinero en una época de crisis como la actual, sin duda una “brillante” gestión. Todo esto sin sumar la cantidad ingente de policías, servicios sanitarios que han tenido que renunciar o alterar sus periodos vacacionales de modo obligatorio por tener que estar presentes estos días en Madrid, que eso también lo paga el Estado y la Comunidad de Madrid, no creo que lo paguen los participantes en las JMJC.
Por todo ello quiero finalizar resumiendo que, respetando la fe de cada uno aquellos que deseen reunirse para vivir su religión en armonía deberían sufragárselo ellos mismo ya que un Estado aconfesional debería de tratar a todas las religiones del país por igual y España no lo hace, con lo que actualmente se beneficia un 12% de la población, reconocida como católica practicante, menor de 35 años (aproximadamente un millón y medio de personas) sobre el restante 88% que o no es practicante o directamente no tiene creencia religiosa alguna.
El que quiera misa, que la pague.
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