España de todos, España de nadie

Hoy, 12 de octubre, me parece un buen día para estas líneas en tanto que es el Día Nacional en España y porque el actual clima político invita precisamente a una reflexión sincera y meditada de lo que debe ser nuestro país en los próximos tiempos.

El pasado día 27 de septiembre en Cataluña hubo elecciones autonómicas -las terceras en apenas cinco años- y pese al frenazo de las posiciones independentistas es palpable que una parte de la sociedad catalana apuesta por esa separación de su territorio respecto del conjunto del Estado.

No pretendo que esta entrada sea un análisis de las elecciones catalanas ni mucho menos pero si que la situación política debe invitar a la reflexión de que España queremos para el futuro, como la queremos y de que manera pretendemos legislarla.

Bajo mi punto de vista el actual marco constitucional derivado de los artículos 148, 149 y 150 esta más que viciado por los sucesivos gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, que en la necesidad de disponer de mayorías para gobernar han ido cediendo incluso más allá de los límites establecidos competencias a las Comunidades Autónomas, sobre manera a aquellos territorios que contaban con representantes en las Cortes Generales de partidos denominados nacionalistas como CiU o el PNV.

Esa ruptura de la igualdad no solo es culpa de los nacionalistas periféricos sino que otros partidos y en especial el Partido Popular allí donde gobernaron usaron su capacidad legislativa en los teritorios autonómicos para marcar diferencias respecto a otros especialmente en lo que se refiere a los impuestos. Sin olvidar, el inmovilismo de la derecha española a modificar la Constitución, la cual en su momento votaron de forma negativa.

Tales diferencias nos llevan a plantearnos si realmente el marco actual de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) es el idóneo y si la posición actual es sostenible en el tiempo. En mi opinión personal claramente la situación merece una reforma drástica que nos permita a todos como país y a cada uno de los territorios marcar unas pautas de igualdad y a su vez de diferencia que permita una mayor cohesión entre los distintos territorios que conforman España.

Partiendo de lo señalado en el párrafo anterior y como un aprendizaje de lo acontecido en esta última década considero necesaria una reforma constitucional que permita ir hacia un marco estatutario o federal que marque claramente las competencias de cada CCAA y las del Estado pero a su vez permita ser lo suficientemente flexible para que el Estado no anule la capacidad legislativa autonómica pero tambíen que las CCAA no se confundan esa libertad con el libertinaje.

Creo que desde el Estado central deben marcarse unos mínimos innegociables en cuanto a los servicios sociales que permitan la recuperación del Estado del Bienestar y que sea desde el Gobierno central donde se garantice tal recuperación en Educación, Sanidad, Dependencia y Servicios sociales.

Con estos servicios garantizados y con igualdad en todo el territorio nacional debe establecerse una libertad para que cada territorio pueda regular determinadas mejoras en función de su población, distribución de la misma, etc. Digamos que debe competer a las CCAA la regulación administrativa de esos servicios básicos ya que nadie mejor que los gobiernos más próximos al territorio para conocer las necesidades reales de cada autonomía.

En el plano económico es evidente que el Estado debe marcar unas líneas básicas pero a su vez las CCAA deben también priorizar dentro de los sectores productivos los que mejor convengan a su territorio ya que Asturias, por ejemplo, es una región donde el sector agrícola y el industrial predominan precisa de unas medidas que no serian necesarias allí donde el turismo es el motor económico.

Lo mismo sucede en el marco impositivo que debe ser competencia repartida entre el Estado y las CCA pero siempre bajo un marco común que evite las desigualdades entre territorios y que la presión fiscal fluctue en exceso entre los territorios pero todo con vistas una distribución de la riqueza que es la finalidad de los impuestos.

Para ir cerrando, queda claro que España necesita un nuevo marco legislativo y organizativo del Estado y de las CCAA, que regule incluso la posibilidad de la independencia de territorios si estos así lo decidieran pero que en absoluto debe ser un corse en manos de intereses de unos pocos porque España es de todos, de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que gozamos de tal nacionalidad pero a su vez España no pertenece a nadie y nadie debe tener la capacidad de imponer sin consenso ninguna normativa ni siquiera la pertenencia al propio Estado a quien no lo desee.